Hasta la Fiscalía del Ministerio Público de La Serena llegó el Delegado Presidencial, Dr. Rubén Quezada y el Director del Servicio de Salud Coquimbo (s), Germán López, acompañados de sus asesores jurídicos, para entablar dos denuncias en contra de las tres personas que tras molestarse por un presunto retardo en la atención de salud, insultaron a los trabajadores del centro de Atención Primaria, agrediéndolos a golpes de puño e incluso con amenazas de muerte.

El objetivo de ambas denuncias, amparadas bajo la Ley de Consultorio Seguro, es que los responsables de los hechos ocurridos sean sancionados de acuerdo a la normativa, dado que la situación acontecida configuraría tanto los delitos de lesiones como de amenazas.

En Delegado Presidencial de la región se refirió al acto judicial interpuesto y comentó: “Queremos mandar una señal muy clara en conjunto con el Servicio de Salud y la Delegación Presidencial de que este tipo de actos no van a quedar impunes, que nosotros debemos proteger a los equipos de salud y, junto con estas medidas que buscan sancionar a los responsables, también se van a implementar una serie de medidas que tienen que ver con prevención, con mejora de cobertura y rondas policiales, con implementación de botones de pánico por parte en la Corporación Municipal de La Serena y otras medidas que nos van a permitir asegurar que podamos detectar tempranamente situaciones de violencia”.

En tanto, el Director del Servicio de Salud Coquimbo, Germán López, señaló que lo que se busca con estas dos denuncias es que se haga justicia para que este tipo de actos violentos no vuelvan a ocurrir. “Condenamos primero los hechos sucedidos en el CESFAM y lo que pretendemos hoy con esto es que se haga justicia en el tema de agresión a funcionarios. Tenemos además un plan de trabajo con una mesa regional para preocuparnos de la salud de los funcionarios y evitar que vuelvan a ocurrir hechos de este tipo. Estamos haciendo la denuncia respectiva para que pueda hacerse la investigación y se castigue a quienes corresponda por los delitos cometidos”.

Bajo la Ley de Consultorio Seguro que entró en vigencia en diciembre de 2019, y que endurece las sanciones contra quienes agredan a los trabajadores de la salud, las penas podrían llegar a presidio mayor en su grado medio, es decir, desde 10 años y un día a 15 años, en caso de que las lesiones impliquen un daño severo para los afectados, que impliquen pérdida de su autonomía.

En tanto, el presidio menor en sus tramos medio a máximo, implica sanciones que van desde los 541 días a cinco años, en caso de que el funcionario presente enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días. De manera adicional, la ley señala que el agresor también podría ser multado con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad si causa lesiones leves que no producen daño.