La Gobernadora Regional, Krist Naranjo, solicitó al ex fiscal del Ministerio Público y abogado, Carlos Gajardo, que acelerare la investigación del Papayagate, que significó perder más de $9.800 millones por la compra de terrenos en La Serena, hecho que sucedió bajo la administración de la ex intendenta, Lucía Pinto.
«Debemos dar una clara señal a la ciudadanía que debemos efectuar un gobierno transparente», afirmó la gobernadora independiente, quien agregó que «como nuevo gobierno regional es importante clarificar hechos que han sido de investigación y que han causado bastantes problemáticas en cuanto a los fondos y administración de estos recursos públicos. Es por esto el compromiso que tenemos. Ya desde el mes de febrero estamos muy contentos de poder contar con el trabajo de Carlos Gajardo para poder avanzar en estas investigaciones que no han tenido todavía resultados».
Por su parte, Carlos Gajardo, dijo que «queremos trabajar y colaborar con los procesos investigativos que se están llevando adelante. Hay diversos hechos de corrupción que están hoy día siendo investigados. El más grave es el que se conoce como el Papayagate, es decir, la compra de un terreno en más de 9.800 millones de pesos, cuando las tasaciones lo indicaban que ese terreno no costaba más de 4 mil millones. Hay ahí un hecho que debe ser investigado. Hay una querella del Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco por este exceso de dinero pagado que, por supuesto, es un indicio muy grave e importante de corrupción, y nuestros esfuerzos estarán orientados en que las personas que están involucradas en estos hechos sean sancionadas y que los dineros que se han obtenido de mala manera puedan ser recuperados por el Estado».
Testigos y otras denuncias
Más temprano, la gobernadora Krist Naranjo junto al abogado Carlos Gajardo, tuvieron una reunión online con el Consejo de Defensa del Estado, entidad que esclareció algunos temas y dudas sobre el estado de avance del caso «Papayagate», además de mostrarse muy dispuestos en acoger los nuevos antecedentes que ya se hicieron llegar.
En este caso, el gobierno regional, en su calidad de víctima y en un primer aporte como medios de prueba para el esclarecimiento de los hechos, puso a disposición la lista de testigos que conocen aspectos internos del proceso administrativo a través del cual se habría generado la inversión de manera fraudulenta y perjudicial de los recursos públicos administrados por el GORE.
Junto con lo anterior, en la Fiscalía de La Serena, se tramitaron antecedentes en relación con la construcción del edificio consistorial de la Municipalidad de Coquimbo, también sobre la denuncia hecha por la Gobernadora Krist Naranjo a la Seremi de Minería que afecta a los mineros de Canela y Punitaqui, por eventual malversación de fondos, y solicitar antecedentes en relación a denuncias por hurtos o robos cometidos en dependencias del gobierno regional, entre otros casos y antecedentes que buscan transparentar el trabajo y correcto uso de fondos públicos de la institución pública.