La Camará de Diputados aprobó ayer el informe de la comisión especial investigadora por el polémico caso llamado «Papayagate» que involucra a la gobernación regional por la irregular compra de terrenos para un proyecto deportivo en el sector de San Ramón, que correspondería a supuestos delitos de fraude al fisco.

La instancia que duró casi cinco meses, concluyó que la ex intendeta Lucía Pinto, es la responsable de este fraude considerado como uno de los mayores casos de corrupción en la zona, pues el informe indica que bajo la tutela de Pinto se aprobó la compraventa de estos terrenos a sobreprecio, a través de tratos directos sin justificar y eludiendo las normas de la Contraloría General de la República.

Además de la exjefa regional, también están siendo investigados por este caso el exadministrador regional, José Cáceres; el exjefe del Departamento Jurídico del GORE, Eduardo Espinoza; y el gerente de las inmobiliarias involucradas, Pablo Bracchitta.

La comisión investigadora de la Cámara cuenta con la participación de funcionarios del Gobierno Regional y autoridades como el alcalde de La Serena, Roberto Jacob; la entonces presidenta del Consejo Regional de Coquimbo, Adriana Peñafiel; y el presidente (S) del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell.

El diputado Daniel Núñez (PC), presidente de la comisión investigadora, dio cuenta del informe ante la Sala, instando a ejercer la nulidad del contrato de compraventa por los terrenos. Además, dijo que en estos hechos “también podrían establecerse los delitos de negociación incompatible, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y uso de información privilegiada”.

Presidente de la comisión dispara a la UDI

Durante la sesión, Núñez lamentó la ausencia de los diputados de la UDI, Sergio Gahona y Juan Manuel Fuenzalida «Lo que más me indigna, y no tengo ningún temor en decirlo, es que miro al frente y veo dos pupitres vacíos, veo que no asistió a esta sesión el diputado de la UDI Sergio Gahona (…) y el diputado de la UDI Juan Manuel Fuenzalida”, señaló.

En el mismo sentido, apuntó a la “responsabilidad política” de dicho partido, por no apartar a Lucía Pinto. “Ella hoy es una militante que sigue sin ningún tipo de sanción, ni siquiera la han separado de las filas del partido. Es decir, no reconocen que haya cometido ninguna irregularidad”, sostuvo.

La repuesta de los aludidos

Finalmente, los resultados de la comisión fueron aprobadas por 75 votos a favor, 14 en contra y 35 abstenciones.

Entre los votantes que rechazaron, se encuentran los diputados UDI, Fuenzalida, Gahona y Francisco Eguiguren, de RN.

Consultado por un medio local sobre sus argumentos, el diputado Fuenzalida dijo que “la comisión investigadora se extralimitó en sus conclusiones”, pasando de ser una instancia política a “un verdadero tribunal popular, donde se quiere saltar al Poder Judicial, se quiere saltar al Ministerio Público y tratar de condenar sin ningún debido proceso a las personas que ahí están aludidas”.

Además, criticó directamente al presidente de la comisión. “El señor Núñez hizo todo esto con la calculadora electoral en mano, tratando de arrogarse una pureza absoluta, cuando todos sabemos que él, más que nadie, no es de los trigos limpios. No nos olvidemos de su actuación en el caso de la Universidad Arcis”, señaló.

Un poco más cauto fue el diputado Eguiguren, quien apuntó a un “informe sesgado y que no es riguroso”, pero ahondó en las eventuales responsabilidades de los involucrados en los hechos.

“No voy a defender a la ex intendenta Lucía Pinto, ni a José Cáceres, ni a su grupo cercano, pero tampoco voy a avalar un informe que adolece de fundamento para muchas de las conclusiones que evacuaron”, indicó.

Tras la votación, el parlamentario Ñúñez del PC lamentó que “a pesar de la contundencia argumentativa”, los tres diputados oficialistas votaran en contra. “Irresponsables”, sentenció a través de su cuenta de Twitter.