El Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, interpuso querella criminal por el delito de fraude al Fisco contra tres ex directivos del Gobierno Regional de Coquimbo, y un particular, por su responsabilidad en la adquisición irregular de terrenos por $9.800 millones, destinados para la construcción de un centro deportivo en la ciudad de La Serena.
La querella del CDE se dirige contra la ex Intendenta Lucía Pinto, el ex jefe del Departamento Jurídico, Eduardo Espinoza, y el jefe de la División de Planificación y, luego, administrador regional, José Cáceres, quienes, incumpliendo dolosamente los deberes de sus cargos, habrían realizado múltiples gestiones para concretar, bajo la modalidad de trato directo y por montos cuantiosamente sobrevalorados en relación al valor real del terreno, su adquisición.
Lo anterior, omitiendo, además, sucesivas y categóricas objeciones de la Contraloría Regional de Coquimbo y su negativa a tomar razón, en cuatro oportunidades, del contrato de compraventa presentado por el GORE para dicho fin.
Al respecto, la acción sostiene que los querellados actuaron, no sólo incumpliendo dolosamente los deberes del cargo, por cuanto de manera conjunta realizaron todas las gestiones necesarias para la adquisición de los referidos terrenos, permitiendo que se perfeccionara el contrato de compraventa pese a no contar con la respectiva toma de razón de la Contraloría Regional sino que, además, con conocimiento de la existencia de tasaciones que valoraban los terrenos en menos del 50% del valor por el cual el GORE los compró, ocasionando con ello un evidente perjuicio fiscal.
Conforme con los antecedentes de la investigación penal, los querellados habrían hecho caso omiso de las objeciones del Ente Contralor, pese a que éste representó categóricamente las irregularidades evidenciadas en todo el procedimiento de compra, toda vez que el GORE no pudo dar cuenta del fundamento para adquirir los terrenos mediante trato directo –siendo éste claramente excepcional y que exige debido fundamento, en relación con la adquisición mediante licitación pública– ni justificó el elevado precio pactado con los particulares, sostiene la acción del CDE.
No obstante lo anterior, la querella señala que ello no fue impedimento para que “los querellados, a sabiendas que existían tasaciones de los inmuebles por un valor inferior a la mitad del ofertado, decidieran insistir y realizar todas las gestiones necesarias para poder perfeccionar el contrato de compraventa, lo cual evidencia el dolo en su actuar”.
En su acción, el CDE también imputa responsabilidad en el perjuicio fiscal al representante de las inmobiliarias involucradas, Pablo Bracchitta, en cuanto éste, de acuerdo con los antecedentes de la indagatoria, habría solicitado y pagado los informes de tasación cuestionados por la Contraloría Regional, firmado la carta de oferta de venta de los terrenos y retirado desde la Notaría los vale vista con que fueron cancelados, siendo –en definitiva- el receptor de la millonaria cifra pagada.
A mayor abundamiento, la acción interpuesta señala que el detrimento al patrimonio fiscal es producto “de un incumplimiento malicioso de los deberes funcionarios de los querellados, pues no sólo no analizaron debidamente los antecedentes fundantes de una operación de casi $10 mil millones sino que, actuando en contra del mérito de los mismos, además, eludieron intencionalmente la correspondiente toma de razón por parte del Órgano de control, trámite necesario para analizar la legalidad, fundamento, seriedad y eficacia del acto administrativo que aprobaba la compraventa en cuestión”. Todo ello, “en clara contravención al principio que rige la Administración Pública, en orden a la obligación funcionaria de resguardar el patrimonio fiscal”, subraya la querella.
