Por Michael Heavey – Ingeniero Civil (UFSM)

La ley 21.180 se refiere a la digitalización del Estado, un concepto que trae implícito un importante cambio en la forma que los chilenos nos relacionamos con el Estado.

Entender que la digitalización es un mayor uso de computadores, planillas Excel y documentos PDF para reducir el uso de papel y hacer algunos trámites más simples, es simplemente miope, y debe entenderse de una manera mucho más amplia, y que tiene muchas aristas que van más allá de digitalizar los trámites, sino de pensarlos y concatenarlos de una manera mucho más extensa.

El Estado en su orgánica posee infinidad de instituciones y organizaciones, y un altísimo porcentaje de ellas poseen sistemas computaciones, que manejan datos e informaciones, y que desafortunadamente no comparten con la agilidad y simplicidad necesarias para beneficiar a los ciudadanos, e incluso a las instituciones, obligando a un trámite eterno y a veces injustificado, que no se condice con el avance de la tecnología.

Cabe preguntarse si existen sistemas computacionales, existe internet, y habiendo información en una repartición del estado, alguien físicamente debe gestionar su movimiento en forma física, en formularios, documentos timbrados, etc. La respuesta a lo anterior es perturbadoramente simple: no se dispone de Interoperabilidad.

¿Qué es la Interoperabilidad?

Simple: hacer que los sistemas computacionales de las distintas organizaciones, tanto del Estado como privadas puedan conversar entre sí, intercambiando aquella información que esta permitida pudiendo crear, leer o modificar datos, si se cuenta con los permisos y atributos para hacerlo.

Implementar la interoperabilidad debe seguir una serie de reglas, que permitan que estas conversaciones hablen los mismos idiomas, que puedan acceder solo a lo que esta permitido, que se sepa quien accedió y porqué, que exista integridad de la información, y un largo etc., de otras que van desde lo físico, lo semántico y por supuesto lo legal.

La interoperabilidad debe ser la base sobre la cual el Estado, y también los privados construyen el ecosistema que permita la relación digital de las personas y las instituciones, de forma segura y con herramientas que sean neutras a la tecnología, y por sobre todo en base a estándares y soluciones probadas en el mundo, apoyadas por una robusta legislación que asegure confiabilidad y certeza jurídica de esta importante componente de la Transformación Digital.

En el mundo hay experiencias exitosas de Interoperabilidad, y se han desarrollado sistemas basados en Internet muy exitosos, como es el X-Road que utilizan Estonia, Finlandia, Islandia, Colombia, y muchos otros lo están adoptando como su estándar. Y este sistema, es abierto, gratuito, y puede ser fácilmente implementado en nuestro país, aprovechando la experiencia internacional.

La interoperabilidad implementada correctamente, a nivel de Estado significa que la información solo se pide una vez, y se corrige según la necesidad. Se reducen trámites innecesarios y la información fluye con mayor facilidad.

A nivel público privado implica que los trámites entre entidades serán esencialmente digitales, pudiendo los privados acceder e intercambiar la información y los datos donde se necesiten, lo que agilizará los servicios y los hará significativamente más seguros, menos susceptibles de corrupción y con un costo menor comparado con el servicio presencial.

A nivel internacional, contar con una interoperabilidad que permita certeza jurídica facilitará el intercambio de información y el comercio con otros países.

Es la piedra fundacional de un estado moderno basado en el completo manejo digital de la información. Necesitamos avanzar hacia un Estado más eficiente, donde con datos se puedan tomar mejores decisiones, con datos se pueda dar mejor servicio a los ciudadanos, con datos se controla mejor como se gastan los recursos, y si estos realmente reditúan socialmente, o simplemente se malgastan en desmedro de quienes realmente necesitan el apoyo y servicios del Estado.