Siguen los problemas en el Gobierno Regional (GORE). Esta vez, según una investigación de Radio Bío Bío, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para que investigue la comisión del presunto delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo, dirigida por Lucía Pinto (UDI), debido a que la autoridad adquirió un terreno por $9.800 millones, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones.
De acuerdo a información de este medio nacional, Abbott se basó en una presentación reservada que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, donde queda en evidencia que la adquisición de terrenos por parte del GORE se ejecutó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.
La Contraloría sostiene que la autoridad regional usó la fórmula de trato directo, sin justificar el porqué, e incluso se da cuenta que en el proceso agregaron nuevas tasaciones que duplicaron el valor de los terrenos.
La entidad indico que la Intendencia “actuó” a sus espaldas al dictar una quinta resolución, cuyo contrato fue inscrito “a escondidas” en una notaría de La Serena para evadir el control de legalidad.
Asimismo, la presentación a la fiscalía sostiene que el monto fue pagado íntegramente el pasado 28 de julio a la empresa vendedora, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones, pese a que le fueron requeridas oficialmente.
Por este motivo, se inició un sumario administrativo que complica a Lucía Pinto, y eventualmente a otros funcionarios, ya que es la jefa superior del servicio y las notificaciones de rechazo a la compra le eran notificadas a ella.
Radio Bío Bío contó que solicitó una entrevista con la intendenta Lucía Pinto, quien en un principio accedió, luego cambió de opinión. Por esta razón, se le entregó un listado de preguntas que no contestó, enviando de vuelta una descripción del proceso detrás de la adquisición, que el organismo fiscalizador estima irregular y la fiscalía indaga como delito. Lo que sí confirmó Pinto es que efectivamente el terreno se compró sin el control de legalidad de la Contraloría.
Cabe señalar que a fines de agosto, la Contraloría General de la República no dio curso a compra de terreno para nuevo hospital de Coquimbo, ya que el Gobierno Regional no subsanó observaciones planteadas, entre ellas, justificar la compra por trato directo del paño y proceder sin toma de razón. Por este motivo, en dicha instancia la Contraloría indicó que hubo «falta de cuidado y resguardo de los recursos públicos» y ordenó procedimiento disciplinario por responsabilidad administrativa.
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